Estos enfrentamientos se unen a los que Rajoy mantiene con el País Vasco por el recurso contra la paga extra a los funcionarios; con Extremadura por el impuesto a los bancos y también por el sueldo de sus empleados públicos; con Andalucía y Murcia, entre otras comunidades, por la advertencia a las autonomías que no cumplen los planes de reducción del déficit; con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por sus planes soberanistas y por el rechazo a la ley Wert, que reforma el uso del catalán en la educación. En casi todos esos casos, el Gobierno ha invocado al Tribunal Constitucional. Por su lado, la Generalitat catalana amenaza con la insumisión legal.
El Gobierno acordó ayer llevar en breve al Tribunal Constitucional la decisión de la Generalitat de Cataluña de cobrar un euro por receta y también una norma que establece en esa comunidad una tasa de 120 euros para determinadas actuaciones judiciales.
Al presentar el recurso, según explicó ayer la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, el Ejecutivo pedirá la inmediata suspensión cautelar de esas medidas, que el Constitucional tendrá que decretar de forma automática por un periodo de cinco meses. Puede ocurrir que, como anunció ayer el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, el Gobierno autonómico pretenda seguir adelante con el cobro de la tasa. Por eso, el Gobierno le advirtió ayer de las consecuencias que podría tener incumplir una resolución judicial. No especificó ninguna, pero fuentes del Ejecutivo aclaran que está implícito que el incumplimiento de resoluciones judiciales genera responsabilidades que pueden llegar a ser penales.
“Los procedimientos son los que son. Y cuando una Administración considera que otra puede incumplir la Constitución o las leyes, acude a los tribunales”, aseguró la vicepresidenta.
Además, fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que la amenaza de insumisión del consejero tiene poco sentido, porque por mucho que la Generalitat siguiera adelante con la norma, los ciudadanos dejarían de pagar el euro por receta.
En paralelo, el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene un pulso idéntico con la Comunidad de Madrid: la única diferencia es que ambos Ejecutivos son del mismo signo político.
En este caso, el presidente autonómico, Ignacio González, ha incluido en sus Presupuestos también el euro por receta y ha mostrado su intención de seguir adelante con esta medida. En teoría, hay abierto un proceso de diálogo. González ha hablado con la ministra Mato y esta negocia casi todos los días con el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquety. Pero el acuerdo parece imposible.
Madrid no se pliega y el Gobierno entiende que la única salida es que la Comunidad renuncie a esa tasa, sin soluciones intermedias posibles. Si siguiera adelante, el Gobierno central tendría que presentar un recurso idéntico al de Cataluña, incluyendo también la petición de suspensión automática.
La cúpula del PP ya ha expresado en público su rechazo al euro por receta, pero González resiste.
El Gobierno considera que el euro por receta contraviene el artículo 149-1-16 de la Constitución, que establece que son competencia exclusiva del Estado las “bases y coordinación general de la sanidad” y la “legislación sobre productos farmacéuticos”.
Además, afectaría al derecho a la igualdad de los españoles en todos los territorios, según el recurso que prepara el Gobierno. Y, por último, el Ejecutivo entiende que tanto el euro por receta como la tasa judicial recurrida vulneran el principio que prohíbe la doble imposición. Es decir, que un mismo acto no puede estar gravado por dos Administraciones, como ha recordado incluso el propio presidente Rajoy.
El actual Gobierno ya estableció un copago para los medicamentos, pero vinculado al nivel de renta de los ciudadanos, mientras que el euro por receta se aplica de forma universal e independientemente de la capacidad adquisitiva de quien adquiere el medicamento. Ambas tasas, en todo caso, gravan el mismo acto, que es el uso de la receta médica.
La vicepresidenta explicó que el Gobierno ha adoptado la decisión de recurrir al Constitucional después de que fuera imposible un acuerdo con la Generalitat tras meses de negociaciones en la mesa de diálogo con Cataluña. En esa negociación había tres puntos: las tasas, el euro por receta y otro relativo al patrimonio cultural catalán. Sí ha habido un acuerdo, ya formalizado, en la gestión del patrimonio cultural sobre bienes culturales de interés nacional, sobre bienes muebles o catalogados y otros del patrimonio cultural catalán para que se contemple el respeto a los derechos que puede tener el Estado en las adquisiciones preferentes.
El enfrentamiento institucional con la Generalitat tiene continuidad en lo político, por las reticencias del Gobierno al pacto de CiU con ERC y por las aspiraciones soberanistas de Mas. Santamaría emplazó ayer a CiU a reflexionar sobre los términos del acuerdo que va a alcanzar con ERC, para no convertir a Cataluña y a España en “un foco de incertidumbre”. “Si eso es lo que se está hablando con ERC, no entra dentro de la Constitución y genera inestabilidad, y va bastante más allá de lo que, por cierto, no logró la mayoría absoluta que [Mas] pedía en las elecciones”, dijo. Rajoy aseguró en Bruselas que le preocupa la inestabilidad que, según dijo, puede provocar el pacto de CiU con ERC.
El enfrentamiento del Gobierno con las comunidades tendrá continuidad en días, como consecuencia de la publicación del cumplimiento de los planes de déficit. Según explicó el ministro Cristóbal Montoro la semana pasada, esa situación podría acabar en marzo con la intervención de alguna de ellas, en cumplimiento de la ley de estabilidad.
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